El Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de Aragón celebra este año el vigésimo aniversario de su creación.

La Ley 9/2005 de 10 de octubre del Gobierno de Aragón supuso un antes y un después en el desarrollo profesional de la Educación Social en nuestra Comunidad Autónoma. Tras años de esfuerzo y reivindicaciones por parte de colectivos como la Asociación Aragonesa de Educadorxs Especializadxs o la Asociación Profesional de Educadorxs Sociales de Aragón, desembocamos en la creación de un Colegio Profesional amparado estatalmente por el Consejo General de Colegios de Educadoras y Educadores Sociales.

Celebramos entonces la dignificación y visibilidad de la profesión en un territorio que carecía y sigue careciendo, de estudios presenciales de Educación Social. Fueron muchas las personas, desde distintos estamentos, que creyeron en este proyecto, apostando fuerte por la profesionalización y la prestación de servicios destinados a los educadores y educadoras sociales, profesión en permanente desarrollo y formación continua para la mejora de la calidad de vida de las personas y colectivos a los que se dirige.

En estas dos décadas de evolución, esta entidad ha logrado conquistar espacios que antes nos eran vetados (plazas de Técnico Medio Educador del Ayuntamiento de Zaragoza, acceso a puestos en distintos departamentos del Gobierno de Aragón, crecimiento en Comarcas…) siempre desde la defensa de la profesión y contando indispensablemente con nuestra asesoría ju rídica.

El Intrusismo Profesional nunca ha sido una cuestión negociable.

Que un Colegio Profesional no defienda puestos específicos es un contrasentido que resultaría implanteable con otras profesiones.

Aprobamos en una de nuestras asambleas extraordinarias, emprender acciones contra el intrusismo profesional. Contamos con un protocolo de actuación al respecto que fue presentado ante las entidades y la Administración Pública.

Nunca nos habíamos encontrado ante una situación como la que plantea actualmente el consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia:

Orden por la que se interpretan los elementos personales para la prestación del servicio de atención educativa residencial integral de centros propios de protección a la infancia.

Dónde, de manera excepcional, se podrá contratar personal que no disponga de la acreditación o cualificación requerida, permitiendo así un intrusismo claro y evidente que sólo puede redundar en la precarización de nuestro trabajo y en una calidad del servicio sin garantías, ninguneando una profesión histórica en Aragón y tirando por tierra toda nuestra área competencial.

Qué poco nos ha durado el susto y el escándalo de lo ocurrido, dos años atrás, con el Centro de Acogida de Menores (CAM) de Ateca, concertado con el IASS y cerrado judicialmente a principios de agosto de 2024, dónde se cometieron abusos gravísimos, que siguen siendo investigados, llevados a cabo por personas que, contratadas como educadorxs, no sólo no lo eran, sino que carecían de cualquier tipo de cualificación para el desempeño de las funciones requeridas en ese centro.

Entonces se puso el grito en el cielo por el intrüsismo profesional acontecido y, tanto desde la administración, como desde las entidades y desde este Colegio se trabajó en un claro itinerario de reconocimiento profesional que no permitiera que hechos tan graves pudieran volver a repetirse.

Dos años después, se plantea, insólitamente, que pueda ejercer de educador-a social cualquier profesional que acredite experiencia y formación «parecidas», obviando una titulación universitaria que dota de herramientas necesarias para el ejercicio profesional específico y lanzando balones fuera en lugar de reconocer la escasez de recursos, la precariedad laboral de profesionales cualificados y oros aspectos que hacen mella en la intervención socioeducativa de las personas con las que trabajamos.

Por todo ello, la Junta de Gobierno del CEES-ARAGÓN

SOLICITA:

La revocación de la orden y su nulidad por los siguientes motivos:

-Vulneración de la Ley de Creación de la Profesión y el Intrusismo Profesional: La Educación Social es una profesión regulada (Ley 9/2005 de creación del Colegio Profesional) y un grado universitario con competencias específicas. Permitir que profesionales de otras disciplinas asuman funciones propias y exclusivas de las y los educadores sociales vulnera el marco legal autonómico y estatal de la profesión.

-Perjuicio al Interés Superior del Menor: en los centros de protección y reforma, la labor socioeducativa requiere un perfil profesional con formación específica en el ámbito socioeducativo, el diseño de proyectos educativos individuales y la mediación, áreas no coincidentes con el currículo habilitante de otras licenciaturas o grados.

-Desviación de poder y Precarización: la declaración de «difícil cobertura» no puede utilizarse como mecanismo para eludir la obligación de mantener plantillas suficientes y condiciones laborales dignas, normalizando la contratación de personal carente de titulación requerida en detrimento de la calidad asistencial.

MANIFIESTA:

Su repulsa hacia el desprestigio profesional y el agravio comparativo que supone la Orden recién publicada, solicitando sea revocada a la mayor brevedad posible y ofreciéndose este Colegio a mantener las reuniones necesarias que dejen claras cuales son nuestras líneas estratégicas y qué supondría para la ciudadanía en general y las personas que habitan contextos vulnerables en particular, carecer de profesionales especializados en crear vínculo educativo y acompañamiento pedagógico.

Vamos a seguir emprendiendo las acciones que consideremos oportunas para defender una profesión esencial.

 

Así lo hacemos constar, en Zaragoza, a 6 de agosto de 2026

JUNTA DE GOBIERNO DEL CEES-ARAGÓN