Desde el Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de Aragón (CEES Aragón) manifestamos nuestra profunda preocupación y firme rechazo ante la grave situación denunciada en diversos medios de comunicación sobre un joven de 19 años con problemas de salud mental que continúa viviendo en la calle en Zaragoza, pese a existir una orden judicial de protección a su favor

Este caso no puede entenderse como un hecho aislado. Constituye una evidencia clara y alarmante de la desprotección estructural que sufren las personas más vulnerables de nuestra sociedad, aquellas que, por su situación de enfermedad, desarraigo o exclusión social, dependen en mayor medida de la actuación de los poderes públicos y del sistema de protección social.

Resulta especialmente grave que, a pesar de la existencia de una resolución judicial que reconoce la necesidad de protección, esta no se materialice en medidas efectivas que garanticen derechos básicos como la integridad física, la salud, la dignidad o el acceso a una atención adecuada. La permanencia de este joven en la calle, sin tratamiento ni recursos suficientes, supone un claro incumplimiento del mandato de protección que corresponde a las administraciones públicas.

Desde el CEES Aragón denunciamos la inacción institucional ante una situación que exige una intervención urgente, coordinada y eficaz. La falta de respuesta no solo perpetúa el sufrimiento individual, sino que constituye una forma de violencia estructural que invisibiliza y cronifica la exclusión social. Cuando las instituciones no actúan, o lo hacen de forma insuficiente, están contribuyendo de facto al abandono.

En palabras del sociólogo Zygmunt Bauman, en su obra “Vidas desperdiciadas”, las sociedades contemporáneas generan y toleran la existencia de personas consideradas sobrantes, expulsadas de los sistemas de protección y relegadas a los márgenes. Este caso refleja con crudeza esa realidad: una persona joven migrante, enferma y vulnerable convertida en invisible para un sistema que debería protegerle.

No estamos ante una cuestión asistencial, sino ante una vulneración de derechos fundamentales. El derecho a la protección, a la atención sanitaria, a la dignidad y a la vida en condiciones adecuadas no puede quedar condicionado por fallos administrativos, falta de recursos o descoordinación institucional.

Por todo ello, el CEES Aragón exige:

  • La activación inmediata y efectiva de los mecanismos de protección recogidos en la resolución judicial.
  • La intervención coordinada de los sistemas sanitario, social y judicial para garantizar una atención integral.
  • La revisión de los protocolos de actuación ante situaciones de extrema vulnerabilidad.
  • El refuerzo de los recursos públicos destinados a salud mental y exclusión social.

Asimismo, hacemos un llamamiento a todas las administraciones y a la sociedad en su conjunto para no normalizar estas situaciones. No podemos permitir que la indiferencia se convierta en norma ni que las personas más vulnerables sean tratadas como vidas prescindibles.

La dignidad humana no es negociable. La protección de los más vulnerables es una obligación ética, legal y profesional ineludible.

Junta del CEES Aragón
Zaragoza, junio de 2026