El Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de Aragón (CEES Aragón) manifiesta su preocupación ante las medidas orientadas a la supresión de las asignaciones económicas destinadas a los menores migrantes acogidos en los centros de protección.

Desde la Educación Social consideramos necesario recordar que estas cantidades no constituyen una ayuda asistencial ni un privilegio. Su función es eminentemente educativa y forman parte de una intervención socioeducativa planificada que persigue el aprendizaje de competencias básicas para la vida autónoma, la gestión responsable de recursos económicos, la adquisición de hábitos de consumo, la toma de decisiones y la participación activa en la sociedad.

Los y las profesionales que trabajamos en los centros de protección desarrollamos una labor educativa basada en el acompañamiento, la capacitación y la promoción de la autonomía personal. Reducir estas herramientas a una visión exclusivamente económica o asistencialista supone desconocer el trabajo técnico y educativo que se realiza diariamente en los recursos residenciales.

Los procesos de inclusión social requieren oportunidades reales de aprendizaje. La gestión de pequeñas cantidades de dinero, acompañada y supervisada por profesionales, constituye una herramienta pedagógica contrastada que permite trabajar valores como la responsabilidad, la planificación, el esfuerzo, el autocontrol y la participación comunitaria. Su eliminación dificulta la consecución de objetivos educativos fundamentales y limita los recursos con los que cuentan los equipos profesionales para desarrollar su labor.

Asimismo, consideramos preocupante que decisiones de esta naturaleza se adopten sin atender a los criterios técnicos de los profesionales especializados en infancia y adolescencia, quienes conocen de primera mano las necesidades educativas de los y las menores y los procesos necesarios para favorecer su desarrollo integral.

Desde CEES Aragón defendemos la necesidad de que las políticas públicas dirigidas a la infancia y adolescencia estén fundamentadas en criterios educativos, profesionales y de protección de derechos, alejados de planteamientos simplificadores que pueden comprometer los procesos de integración y emancipación de las personas jóvenes.

Por todo ello, instamos a las administraciones competentes a reconsiderar esta medida, abrir espacios de diálogo con los profesionales del sector y garantizar que las actuaciones dirigidas a la infancia y adolescencia en situación de vulnerabilidad continúen respondiendo a principios educativos, de inclusión social y de respeto a los derechos de los menores.

La Educación Social no es asistencialismo.
Educar es acompañar, capacitar y generar oportunidades para la autonomía y la plena inclusión social.

La Junta del CEES Aragón
Colegio Profesional de  Educadoras y Educadores Sociales de Aragón
Zaragoza, julio de 2026